Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión esta tarde, contra un juez de primera instancia penal del Distrito Judicial Hidalgo, identificado como Manuel J.T., por su probable participación en el delito de prevaricación agravada.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, informó que el juzgador, actualmente suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial, fue detenido en la ciudad de Chihuahua mediante una orden librada por una autoridad judicial de segunda instancia.
Valenzuela calificó el caso como un hecho relevante para las instituciones del estado, al señalar que sería la primera ocasión en Chihuahua en que un juez penal es llevado ante tribunales penales para responder por posibles conductas cometidas durante el ejercicio de su función.
“Quien fue investido para ser el guardián del Estado de Derecho no puede ser el primero en quebrantarlo”, expresó el fiscal Anticorrupción al anunciar la detención.
De acuerdo con Valenzuela, la investigación comenzó después de que ciudadanos presentaron denuncias por presuntas irregularidades ocurridas dentro de un proceso penal. Los datos reunidos apuntaron a que el juez habría realizado actos ilegales para favorecer a una de las partes.
La Fiscalía Anticorrupción consideró que estos hechos podrían configurar el delito de prevaricación agravada, relacionado con resoluciones emitidas presuntamente en contra de la ley, sustentadas en hechos falsos o encaminadas a otorgar una ventaja procesal indebida.
El fiscal explicó que el caso se originó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada durante el periodo vacacional del Poder Judicial. Previamente, otra jueza había vinculado a proceso al imputado del asunto original y ordenado prisión preventiva justificada.
Según la investigación, M.J.T. habría modificado posteriormente esa medida y analizado los razonamientos de la jueza que había tomado la primera decisión, pese a que, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ese tipo de revisión correspondería a una autoridad de segunda instancia.
Valenzuela agregó que la investigación detectó una presunta relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor que intervino en aquel proceso, elemento que también forma parte de las indagatorias.
El fiscal recordó que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la modificación de una medida cautelar requiere que hayan cambiado objetivamente las condiciones que dieron origen a su imposición.
Aclaró que la Fiscalía Anticorrupción no busca revisar las decisiones judiciales ni interferir en la libertad de criterio de jueces y magistrados. “Lo que investigamos son aquellas conductas desviadas del servidor público donde su función pública se tuerce para favorecer intereses particulares o indebidos”, señaló.
Valenzuela sostuvo que la independencia judicial debe preservarse, pero no puede convertirse en un mecanismo de impunidad. “Ningún cargo, ninguna investidura pueden utilizarse para sustraerse de la acción de la justicia”, afirmó.
El juez detenido sería presentado ante la autoridad judicial para que el Ministerio Público formule la imputación correspondiente. Su responsabilidad penal deberá ser determinada durante el proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.
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