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Por Katya Galán.- Pronto se cumplirán 25 años del inicio de la primera plataforma de interacción social en Internet. Las popularmente conocidas como Redes Sociales. SixDegrees.com comenzó su servicio en 1997 y, a partir de ahí, no han dejado de surgir nuevas plataformas: Friendster, Myspace, LinkedIn y en 2004 Facebook, que desde su aparición creció hasta convertirse en la red social con mayor número de usuarios alrededor del mundo: 2740 millones hasta el momento. Le siguen YouTube con 2291 millones y WhatsApp con 2000 millones de usuarios. Mas adelante, llegaron Reddit, Twitter, Instagram, Pinterest, Tik Tok y Mastodon, por mencionar a las más exitosas.


México tiene una población de 128.3 millones de habitantes, de los cuales el 80% vive en zonas urbanas. Para enero de 2020, más de 114 millones tenía un teléfono celular y el 69% de la población, unos 89 millones de personas, era usuario de alguna o varias redes sociales, según el informe Global Digital Yearbook 2020 de la consultora. Esa es la dimensión de la influencia de las redes sociales en nuestro país y en el mundo.

 Con este nuevo paradigma de la comunicación, se hizo efectivo, como nunca, el ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión: dos tercios de la población mexicana y 53. 6% de la población mundial, tiene acceso a una plataforma con potencial de alcance global, hasta ahora sin restricciones discursivas en la mayor parte del planeta. Con todos los positivos y negativos que el fenómeno implica, por lo que no tardó en surgir el debate: ¿Es conveniente, necesario y posible regular a las redes sociales? El 6 de enero pasado, luego de los ataques al Capitolio en Washington, en una muestra de poderío que a muchos preocupa, Vijaya Gadde, abogada y experta en seguridad de Twitter, tomó la decisión de, en un inicio, bloquear temporalmente la cuenta del entonces presidente de EE. UU. Donald Trump. Decisión que horas más tarde se convertiría en definitiva cancelando la comunicación del mandatario con el mundo a través de ese canal. 


Lo cierto es que, siendo una empresa privada, legalmente puede negar el servicio a cualquier usuario que no se apegue a sus lineamientos. Pero, desde un punto de vista ético, no podemos perder de vista que, para fines prácticos, por el alcance de su penetración y por el número de usuarios, ya inalcanzable para que otras empresas puedan competir, Facebook y Twitter constituyen un duopolio en su rama comercial. Es ahí donde surge el cuestionamiento sobre si es o no legítimo que una empresa privada tenga la capacidad legal de limitar la comunicación de un mandatario con el público. Poder político por encima de las soberanías de las naciones.


El problema es mucho más profundo. Existe un claro conflicto entre la regulación y el derecho a la libre expresión de las ideas. Así como son útiles para difundir todo tipo de contenidos constructivos y revolucionarios, las redes sociales también pueden ser herramientas de fácil acceso y uso para difundir discursos de odio, organizar golpes de Estado, incluso para operar un golpe de Estado blando, potenciar movimientos antisociales, generar desinformación que pone en riesgo a la población, ente otros conflictos sociales. Por lo que varios gobiernos del mundo se han visto orillados a debatir la regulación y límites a las acciones de estas empresas en sus territorios.


Países como Australia, Francia y Alemania, regulan ya los contenidos con discursos de odio y riesgo de terrorismo; Irán, Libia, Turquía, Túnez y Pakistán, han llegado a bloquear a YouTube, Twitter o Facebook, aunque sea de manera temporal; la Unión Europea aprobó una propuesta para solicitar a Twitter y Facebook trabajar para erradicar la apología del odio y la violencia; y en China existe un bloqueo permanente a todas las plataformas (Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, 2021)


Luego de que el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, señalara que Hugo Rodríguez Nicolat, Jefe de Políticas Públicas en América Latina para Twitter, fue militante y asesor de un senador del PAN, el 21 de enero pasado esta red social anunció que suspendería cuentas identificadas como afines al gobierno del mandatario y así lo hizo al día siguiente. Hecho que desató críticas por parte de otros usuarios dentro de la red social, quienes posicionaron el hashtag #TwitterEsPanista como tendencia nacional. Así como declaraciones de actoras y actores políticos y otras figuras públicas fuera de Internet. Avivando el debate sobre la necesidad de una legislación específica en la materia que no existe aún en nuestro país.


En días pasados, el Senador Ricardo Monreal, de MORENA, anunció en rueda de prensa que ha estado trabajando en una iniciativa basada en la defensa del derecho constitucional a la libertad de expresión para defender las garantías de los ciudadanos mexicanos que se vean afectados por las decisiones restrictivas de estas empresas. Las cuales, además, señala el senador en su columna del 3 de febrero, “prestan este servicio mediante redes públicas de telecomunicaciones y, al estar estas últimas sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación se debe implementar a través de las normatividades correspondientes.” La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó su apoyo a dicha iniciativa durante una de las conferencias de prensa matutinas del Gobierno Federal. En todo caso, por la relevancia y las implicaciones del tema, las reformas y adiciones a la ley tendrían que ser de carácter constitucional.


Existen dos ejes fundamentales en el debate de la regulación: el respeto a la soberanía de las naciones, puesto que es innegable el poder político de estos canales de comunicación que, además, transitan por las infraestructuras de cada país; y la colisión de derechos entre la libertad de expresión y los derechos a una vida libre de violencia y a la privacidad. Creo que la ética y la noción de Seguridad Nacional, pueden fácilmente aclararnos el dilema.


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