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Actualización (18 de julio): El Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público, Víctor Rodríguez Monteza, se excusó el 15 de julio de continuar a cargo de la investigación de los audios publicados por IDL-Reporteros y el programa periodístico Panorama, según informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Los audios comprometen a jueces del Consejo Nacional de la Magistratura en presuntos actos de corrupción.

Poco después de que Rodríguez Monteza ordenara judicialmente a los periodistas Gustavo Gorriti y Rosana Cueva que revelen sus fuentes y entreguen los audios materia de su investigación periodística, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez solicitó a la Fiscalía Suprema dejar sin efecto su pedido, informó La República.

Original (14 de julio): El sitio peruano de periodismo de investigación IDL- Reporteros recibió, por tercera vez esta semana, el pedido de revelar sus fuentes periodísticas por parte de las autoridades judiciales y legislativas luego de publicar un reportaje que reveló presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia peruano.

El pedido más reciente ocurrió el 12 de julio, cuando el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, le dio un ultimátum de tres días a IDL-Reporteros para que revele sus fuentes y entregue el íntegro de los audios de interceptación telefónica que recibieron y fueron materia del reportaje periodístico “Corte y Corrupción”, publicado el siete de julio.

De no revelar sus fuentes, señaló la notificación, los periodistas serían procesados por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, publicó El Comercio.

“No voy a entregar (la información que solicitan) ni en tres, ni en treinta ni en 300 días”, dijo el director de IDL-Reporteros, el periodista Gustavo Gorriti, en entrevista al Centro Knight. “Una de las misiones fundamentales de un fiscal supremo es custodiar los derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la información”.

Rodrigo Villarán, abogado y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana dijo al Centro Knight que la orden emitida por el fiscal Rodríguez Monteza constituye un  abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal peruano.

“Se trata de una orden ilegal que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución peruana e instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano”, explicó Villarán. En el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional, agregó.

Los audios materia de la investigación periodística de IDL-Reporteros revelarían una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en conversaciones sostenidas entre congresistas, ministros y jueces supremos en funciones –como la del juez César Hinostroza, ahora con impedimento de salida del país-, a quien se le escucha negociando la sentencia de un caso de violación a una niña de 10 años.

“Nosotros estamos revelando la corrupción más profunda en los niveles más altos del sistema de justicia. Gente del sistema de justicia hace lo posible por contratacar utilizando supuestamente la ley para tratar de ver todo lo que tenemos sobre ellos”, declaró Gorriti a la vez que aseguró que continuará con la investigación y sus posteriores entregas.

El primer intento de incautar el material periodístico de la mencionada investigación tuvo lugar el martes 10 de julio. Un fiscal acompañado de cuatro policías llegó a las oficinas de IDL Reporteros para realizar una diligencia de exhibición e incautación del material periodístico, según informaciones del diario El Comercio.

La diligencia fue cancelada debido a la falta de una orden judicial que la respaldara. “Lo que nos pasó con el fiscal fue prácticamente una trampa. Él llegó sin ningún documento fiscal que lo ampare”, declaró Gorriti y aseveró que ese fue un claro intento de intimidación.

“Lo que ayer (10 de julio) ha ocurrido es un hecho abiertamente ilegal”, dijo Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) al ser entrevistado en el noticiero del canal estatal TVPerú.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó inmediatamente la irregular y prepotente incursión del fiscal Rodrigo Ruruch a las oficinas de IDL-Reporteros por “lesionar el derecho a informar libremente”. La organización señaló que el Ministerio Público no puede coaccionar a un medio a exhibir material informativo ni a revelar fuentes directas o indirectas.

El segundo intento de exigirles la revelación de sus fuentes y la entrega de los audios provino de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, según publicó IDL-Reporteros en su sitio. Tanto Gorriti como la periodista Rosana Cueva, directora del programa periodístico Panorama que transmitió los audios del reportaje, fueron citados el 12 de julio a dicha comisión.

Ambos declinaron asistir a la cita. En su respuesta escrita a la citación del Congreso, Cueva justificó su negativa amparándose en el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), que protege el derecho de todo comunicador social a reservar sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, publicó el diario Perú.21.

También mencionó el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, el cual comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Por su parte, la CIDH manifestó en un comunicado su preocupación respecto de la intimación recibida por los periodistas por parte del Ministerio Público y el Congreso.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, recordó que la confidencialidad de la fuente es un elemento esencial de la labor periodística y del papel que la sociedad le ha conferido a los periodistas de informar sobre cuestiones de interés público.

“En la mayor parte de los casos que he investigado a lo largo de los años, y no me refiero a los trabajos que hice bajo dictadura, que eso era una cosa totalmente diferente, (…) lo que te pedía (la Justicia) era la información adicional, de background, etc., que pudiera ayudar a sus propias investigaciones. Por supuesto, en esos casos, he colaborado, también los colegas que trabajaban conmigo, en todos aquellos aspectos que no pusieran en peligro la confidencialidad de las fuentes ni tampoco la integridad de la investigación”, dijo Gorriti.

“Esta es la primera vez en mucho tiempo en que lo que quieren saber no es solamente todo lo que he investigado sino mis fuentes y, por supuesto, saber qué más tengo por investigar”, agregó.

Periodistas nacionales y extranjeros, organizaciones periodísticas y de la sociedad civil han mostrado su apoyo y solidaridad con IDL Reporteros. Por ejemplo, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú y el Consejo Nacional de la Prensa Peruana han condenado públicamente los hechos intimidatorios y el acoso del que están siendo objeto los periodistas de dicho medio en los últimos días.

Gorriti dijo sentirse agradecido por el respaldo que viene recibiendo de la prensa y de la ciudadanía, hacia él y su equipo de trabajo. “Nosotros trabajamos para la gente, nosotros trabajamos para el pueblo, para la sociedad civil. Si puedo tener una satisfacción después de estos largos años de periodismo, es ver que la gente reacciona con indignación pero a la vez con mucho afecto y solidaridad”.

“En el Perú vivimos una democracia averiada y ciertamente no somos el único país de América Latina que está en estas circunstancias”, sostuvo Gorriti. Sin embargo, consideró que existen aún ciertas garantías democráticas dentro del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, etc.

“Hay bolsones virtuosos de fiscales, jueces y policías honestos. Entonces, aunque ahora quizás no exista un real equilibrio de poderes, pues tenemos un Ejecutivo sumamente débil que trata de no enemistarse con la mayoría fujimorista, el hecho de que somos aún una democracia, de que tenemos elecciones, de que vamos a seguir teniéndolas, de que hay una prensa de investigación, de que hay una sociedad civil que tiene capacidad de movilizarse, significa una gran diferencia respecto de lo que había en otros tiempos”, refiriéndose con esto último a los años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos.

Durante el gobierno de Fujimori, Gorriti realizó una serie de investigaciones sobre Montesinos. En 1992 fue secuestrado por un comando del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) que lo mantuvo secretamente cautivo. La presión internacional fue clave en su liberación. Luego del incidente, Gorriti dejó Perú y no volvió sino hasta el año 2001, tras la caída de Fujimori.

IDL-Reporteros fue el primer medio peruano en denunciar el presunto tráfico de influencias de la compañía constructora brasileña Odebrecht con funcionarios estatales de varios gobiernos de presidentes peruanos como Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2017). Operación Lava Jato (operación lavado de autos) es como se le conoce al trabajo colaborativo de toda una red de medios periodísticos que destapó uno de los mayores escándalos de corrupción de funcionarios a nivel mundial.

“Ahora hemos pasado de Lava Jato a Lava Juez, en el fondo estoy seguro de que vamos a encontrar la relación de A con B, pero por ahora estamos avanzando en Lava Juez”, concluyó Gorriti.
Knigth Center,  Periodismo en las Américas

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