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Oaxaca,. Al concluir el Séptimo Encuentro Nacional de Mujeres Periodistas, realizado en Oaxaca el 13 y 14 de octubre, mujeres originarias de 19 estados del país firmaron un pronunciamiento en el que rechazan toda forma de violencia contra su labor, y que se reproduce a continuación. 

Nosotras, mujeres periodistas de 19 entidades federativas que colaboramos en 78 medios de comunicación (prensa, radio, televisión, revistas y digitales), a nivel local, regional y nacional, nos reunimos durante dos días en la capital del estado de Oaxaca en el Séptimo Encuentro de la Red Nacional de Periodistas.

Repudiamos el contexto de violencia y censura generalizada en nuestro país en contra de quienes ejercemos el periodismo en nuestro país y la invisibilización de las violencias que enfrentamos las mujeres periodistas específicamente. Hemos documentado 430 casos de agresiones contra mujeres periodistas durante el sexenio pasado de Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este mismo lapso somos testigas de 19 feminicidios en contra de mujeres periodistas y tenemos dos compañeras desaparecidas.

El 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.

Las agresiones en contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.

Denunciamos las condiciones laborales precarias, jornadas de trabajo masculinas, ausencia de derechos laborales, brechas salariales de género y las violencias al interior de las redacciones que vulneran nuestro pleno ejercicio periodístico.

Hemos evidenciado la ausencia de las mujeres en las noticias donde solo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando son representadas lo son desde el sexismo, la discriminación y son revictimizadas.

Ante esta situación, consideramos que las acciones que ha implementado el Estado mexicano, en sus diferentes niveles y poderes han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.

En este contexto exigimos al Estado mexicano:

El cumplimiento de los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión y en específico a la recomendación 25 de la CEDAW para protección de mujeres periodistas; cumplimiento de los acuerdos pactados en casos específicos de compañeras periodistas violentadas; y seguimiento y esclarecimiento de los hechos violentos contra mujeres periodistas 

Rechazamos las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo, caso Hidalgo y de Morelos) que no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión. En aquellos casos en que la instancia de protección estatal funciona y cuenta con el reconocimiento de periodistas, que se fortalezca y mantenga su carácter independiente.

Políticas públicas claras y efectivas en los tres niveles de gobierno para la protección del trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión y de prensa a nivel nacional y en cada uno de los estados.

Demandamos al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria sobre el artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial que establezca normas que garanticen que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Exigimos al Estado mexicano haga cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación y que su veredicto en las demandas sea imparcial y conforme a derecho. Que los empresarios de los medios de comunicación no aprovechen sus alianzas con los poderes de gobierno para vulnerar los derechos de las y los trabajadores.

Demandamos a los diferentes órdenes de gobierno y poderes de la Unión respeto a la libertad de expresión y de prensa de las mujeres periodistas.

Exigimos al Congreso de la Unión la integración de la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exigimos ni una violencia más contra las periodistas, presentación inmediata y con vida de las periodistas desaparecidas y justicia para nuestras colegas asesinadas.

Reafirmamos que nos queremos vivas, seguras e informando.

UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES

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