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Ciudad de México.- Una disputa entre varios países podría retrasar hasta 2029 la publicación de uno de los informes científicos más importantes sobre el cambio climático, justo cuando los gobiernos del mundo necesitan información actualizada para decidir cómo enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias.

Se trata del séptimo informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo vinculado a Naciones Unidas que reúne investigaciones de especialistas de todo el mundo para conocer el estado del planeta y los riesgos que representa el aumento de las temperaturas.

De acuerdo con información oficial, el documento estaba previsto para 2028, pero países como Rusia, India y algunos integrantes del bloque árabe, entre ellos Arabia Saudita, han planteado aplazar su publicación hasta 2029.

El problema es que durante 2028 se celebrará la COP33, reunión internacional en la que los gobiernos deberán revisar los avances alcanzados para cumplir los compromisos del Acuerdo de París.

Si el informe científico llega un año después, los países podrían realizar esa evaluación sin contar con los resultados más recientes sobre el calentamiento global, las emisiones contaminantes y los riesgos ambientales.

La preocupación aumenta porque las proyecciones actuales advierten que, de mantenerse las políticas vigentes, la temperatura del planeta podría elevarse aproximadamente 2.8 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, muy por encima del objetivo internacional de limitar el calentamiento a 1.5 grados.

Un escenario de esta magnitud podría aumentar la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, acelerar el derretimiento de glaciares y elevar el nivel del mar, además de provocar daños a los ecosistemas.

Sin embargo, la discusión sobre el calendario del informe no se debe únicamente a diferencias políticas. Algunos países en desarrollo consideran que no tienen las mismas oportunidades para participar en las investigaciones y cuestionan que determinados modelos científicos no reflejen adecuadamente sus condiciones económicas y sociales.

También señalan que las naciones más industrializadas han tenido una responsabilidad histórica importante en la contaminación del planeta, por lo que consideran necesario que las evaluaciones internacionales tomen en cuenta esas diferencias.

Por otro lado, especialistas advierten que utilizar la elaboración de los informes científicos como parte de las negociaciones políticas podría afectar la disponibilidad de información necesaria para enfrentar la crisis climática.

Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, defendió la importancia de mantener las evaluaciones sustentadas en evidencia científica y evitar que los desacuerdos entre gobiernos debiliten su función.

El IPCC ha realizado esfuerzos para ampliar la participación de investigadores de distintas regiones. En la elaboración de los informes del séptimo ciclo fueron designados 664 autores, de los cuales el 51 por ciento procede de países en desarrollo y economías en transición.

A pesar de estos avances, persisten cuestionamientos sobre el peso que tienen los investigadores europeos en la producción de conocimiento científico y la necesidad de incorporar más perspectivas de regiones vulnerables al cambio climático.

Otro de los obstáculos es el financiamiento. La falta de acuerdos sobre el presupuesto del organismo podría complicar todavía más los trabajos y afectar las fechas previstas para concluir las evaluaciones.

Aunque el IPCC dispone de reservas económicas, los especialistas consideran importante resolver las diferencias para evitar que los retrasos comprometan la entrega de los documentos.

La discusión ocurre mientras los gobiernos participan en la COP31, celebrada en Turquía, donde el presidente del organismo, Jim Skea, ha mantenido conversaciones para buscar acuerdos sobre el calendario y la participación de los países.

El riesgo, advierten especialistas, es que las negociaciones internacionales continúen avanzando sin contar con toda la información científica que podría ayudar a establecer compromisos más efectivos.

Por ahora, el aplazamiento hasta 2029 es una posibilidad y no una decisión definitiva. Sin embargo, la controversia refleja las dificultades que enfrenta la cooperación internacional para responder a una crisis ambiental que continúa avanzando mientras los gobiernos buscan ponerse de acuerdo.

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