Chihuahua, Chih.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, cuestionó la postura que ha tomado el Gobierno del Estado tras la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y señaló que existen contradicciones entre lo que anteriormente defendía la gobernadora María Eugenia Campos y sus recientes declaraciones sobre el caso.
La dirigente morenista recordó que hace algunos meses la mandataria estatal hablaba públicamente sobre la cooperación con agencias de seguridad estadounidenses como parte de las acciones de su administración contra la delincuencia.
Sin embargo, consideró que el discurso cambió después de que Jáuregui fue detenido por una investigación federal relacionada con la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en un operativo realizado en Chihuahua.
“Lo que antes se defendía públicamente como un logro de gobierno, ahora es motivo de deslindes, señalamientos y responsabilidades que parecen recaer exclusivamente sobre quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos”, expresó.
Granados señaló que el exfiscal mantuvo una relación política de más de una década con Campos y fue una de las personas de mayor confianza dentro de su equipo de trabajo.
Por ello, consideró necesario que el Gobierno del Estado explique qué cambió entre la defensa pública de las acciones de seguridad y la postura asumida después de la detención del exfuncionario.
“¿Qué cambió? ¿Los hechos o la conveniencia política? ¿Por qué lo que antes se defendía como una decisión correcta hoy parece ser responsabilidad de una sola persona?”, cuestionó.
La presidenta estatal de Morena también se refirió a las acusaciones de traición que la defensa de Jáuregui ha dirigido contra la gobernadora, así como a las inconformidades expresadas por algunos militantes panistas.
A su juicio, estos enfrentamientos reflejan problemas internos dentro de Acción Nacional, partido al que acusó de modificar sus posiciones dependiendo de las circunstancias políticas.
Granados sostuvo que el caso no debe convertirse únicamente en una disputa entre antiguos aliados, pues existen preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder sobre las decisiones tomadas durante el operativo investigado.
También pidió que las investigaciones se desarrollen con imparcialidad, respeto al debido proceso y sin adelantar conclusiones sobre la responsabilidad penal del exfiscal.
“La gravedad del caso exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y responsabilidades sustentadas en pruebas”, manifestó.
La dirigente insistió en que las diferencias surgidas dentro del PAN no deben impedir que se esclarezca quién autorizó las acciones relacionadas con la participación de personal extranjero y qué información tenían las autoridades estatales.
Finalmente, señaló que los funcionarios no pueden deslindarse de las decisiones de sus administraciones únicamente porque sus antiguos colaboradores enfrenten problemas judiciales.
“La responsabilidad de gobernar no desaparece cuando un colaborador deja de ser políticamente conveniente”, expresó.
Granados reiteró que los chihuahuenses merecen conocer qué ocurrió y por qué, desde su perspectiva, las explicaciones públicas del Gobierno del Estado han cambiado conforme avanzan las investigaciones contra César Jáuregui.
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