Chihuahua, Chih.- La defensa del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, solicitó al juez de control dictar un auto de no vinculación a proceso, al considerar que no existen elementos suficientes para acreditar su presunta responsabilidad en las irregularidades relacionadas con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde participaron personas de nacionalidad estadounidense.
Durante la audiencia, los abogados Héctor Villasana y Edgar Torres cuestionaron tanto los señalamientos del Ministerio Público como la competencia de la unidad especializada creada para investigar los hechos, al sostener que las indagatorias por presuntos delitos cometidos por servidores públicos corresponden a la Fiscalía Anticorrupción.
La representación social atribuye al exfiscal los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con la presunta autorización y encubrimiento de la participación de cuatro ciudadanos estadounidenses en el operativo efectuado el 16 de abril de 2026, durante el cual se intervino un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de drogas sintéticas.
De acuerdo con la imputación expuesta durante la audiencia, Guillermo Arturo, quien había dejado la dirección de la Agencia Estatal de Investigación para asumir funciones en Operaciones Estratégicas, habría continuado ejerciendo el mando sobre elementos policiales con el conocimiento y consentimiento de Jáuregui Moreno.
Sin embargo, la defensa argumentó que las reuniones entre mandos policiales y el entonces fiscal formaban parte de las actividades habituales de coordinación institucional, por lo que no pueden considerarse, por sí mismas, evidencia de acuerdos irregulares.
Edgar Torres sostuvo que ninguno de los testimonios presentados por el Ministerio Público demuestra que Jáuregui tuviera conocimiento de la incorporación de los extranjeros al operativo, ni que hubiera autorizado su participación en actividades policiales.
Asimismo, cuestionó que se atribuyeran funciones operativas a los ciudadanos estadounidenses, al señalar que, según los testimonios recabados, no realizaron aseguramientos, levantamiento de evidencias, entrevistas ni otras diligencias propias de los agentes investigadores.
Los abogados también hicieron referencia a declaraciones de la fiscal especializada Wendy Paola Chávez Villanueva, quien, según expusieron, había señalado que la presencia de los extranjeros no fue reportada a mandos superiores y que su participación fue limitada.
Otro de los puntos abordados fue la conferencia de prensa ofrecida por Jáuregui el 19 de abril, tres días después del operativo, en la que informó sobre la presencia de los extranjeros y las circunstancias en que se encontraban en la zona.
La defensa rechazó que dichas declaraciones constituyan un ocultamiento de información, al argumentar que el entonces funcionario comunicó los datos de los que disponía en ese momento, cuando las investigaciones todavía estaban en desarrollo.
En cuanto a la legalidad de las indagatorias, Villasana cuestionó la creación de la unidad especializada mediante el acuerdo 41/2026, al considerar que carece de competencia para investigar delitos relacionados con actos de corrupción y ejercicio ilegal del servicio público.
Sostuvo que estas investigaciones deben quedar bajo la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que solicitó al juzgador pronunciarse también sobre este planteamiento al resolver la situación jurídica del exfuncionario.
Por su parte, Torres insistió en que, pese a la amplitud de la investigación y al número de testimonios recabados, no existe un dato objetivo que permita establecer que Jáuregui autorizó la participación de los extranjeros o que actuó deliberadamente para impedir los mecanismos federales de control.
Al concluir los argumentos de la defensa, el juez concedió el uso de la palabra al Ministerio Público para responder a los señalamientos; sin embargo, antes de continuar decretó un receso de 30 minutos.
Hasta ese momento de la audiencia no se había emitido una resolución sobre la vinculación a proceso del exfiscal, por lo que queda pendiente escuchar la respuesta de la representación social y la determinación judicial correspondiente.
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