Durante décadas, el salario ha sido un tema tabú en el ámbito laboral mexicano. De acuerdo con El Economista, la falta de información sobre las remuneraciones no solo ha limitado la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones informadas, sino que ha perpetuado desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Hoy, esa opacidad podría llegar a su fin con una nueva iniciativa del Senado de la República que propone reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para exigir la transparencia salarial en las ofertas de empleo.
Esta reforma busca que los empleadores publiquen el rango de sueldo desde el inicio del proceso de contratación, como una medida concreta para reducir la brecha salarial de género. Más allá de una obligación legal, la propuesta representa un cambio cultural profundo: pasar del secretismo a la rendición de cuentas en un aspecto fundamental del trabajo. La transparencia salarial, al hacer visible la desigualdad, puede convertirse en una herramienta transformadora hacia un entorno laboral más justo y equitativo.
Una propuesta para visibilizar la desigualdad
La iniciativa impulsada por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Geovanna Bañuelos de la Torre y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas propone que las empresas publiquen el rango de remuneración en todas sus vacantes. Esta medida pretende erradicar expresiones ambiguas como “sueldo competitivo” o “a convenir”, que disfrazan diferencias salariales y obstaculizan la equidad.
El planteamiento reconoce una realidad innegable: las mujeres mexicanas ganan entre un 14% y 18% menos que los hombres, según datos de la ENOE y la OCDE. Esa brecha se traduce en pérdidas acumuladas de hasta 1.6 millones de pesos a lo largo de una vida laboral. Al visibilizar los rangos salariales, las personas podrían comparar ofertas con mayor objetividad y detectar posibles casos de discriminación.
Aunque México ha firmado tratados internacionales para garantizar la igualdad retributiva y ha reformado leyes para promover la equidad, la brecha persiste. La transparencia salarial aparece así como una herramienta complementaria, no solo legal sino ética, que obliga a las empresas a revisar sus estructuras internas y a garantizar un salario digno.
De aprobarse, la reforma incorporaría al artículo 83 de la LFT la obligación de publicar el salario base desde el proceso de reclutamiento. Esta disposición permitiría a los candidatos conocer con claridad cuánto vale su trabajo y exigir un trato justo desde el inicio de la relación laboral.
Falta de transparencia: una barrera para la igualdad
En la práctica, la opacidad salarial sigue siendo un problema estructural. De acuerdo con el Estudio Global de Transparencia Salarial 2025 de AON, solo el 21% de las organizaciones a nivel mundial publica el sueldo en sus vacantes, y en América Latina la cifra apenas llega al 2%. En México, seis de cada diez empresas ni siquiera revelan un rango aproximado.
Esta falta de información afecta principalmente a las mujeres, quienes al desconocer las condiciones salariales reales enfrentan mayores dificultades para negociar o reclamar un pago justo. La iniciativa del Senado busca cerrar esta laguna normativa, al establecer la obligación de informar los salarios como un principio de equidad y de rendición de cuentas.
El artículo 86 de la LFT ya señala que “a trabajo igual, desempeñado en condiciones iguales, debe corresponder salario igual”. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de verificación lo ha dejado en letra muerta. Sin información comparativa, reclamar un salario justo se vuelve casi imposible, especialmente para quienes buscan su primer empleo o retornan al mercado laboral tras una pausa.
La transparencia salarial no solo haría visible la brecha, sino que incentivaría a las empresas a adoptar políticas más equitativas de contratación y compensación. Su implementación sería un paso decisivo para hacer del principio de igualdad un derecho efectivo.
Una medida inspirada en el modelo europeo
La propuesta mexicana toma como referencia la Directiva 2023/970 de la Unión Europea, que obliga a los empleadores a informar a los solicitantes de empleo sobre el salario inicial o la banda salarial del puesto ofrecido. Esta normativa también prohíbe preguntar a los candidatos sobre su historial salarial, una práctica que suele perpetuar desigualdades.
Países como Canadá y Reino Unido han seguido rutas similares, y en América Latina, Chile y Colombia ya discuten medidas parecidas. Incluso algunos estados de Estados Unidos, como California y Nueva York, han legislado para hacer obligatoria la publicación de rangos salariales. México, con esta propuesta, se perfila a sumarse a esa tendencia global.
El enfoque no solo busca beneficiar a los trabajadores, sino también fortalecer la competitividad de las empresas. Según la iniciativa, publicar los sueldos puede ayudar a reducir la rotación, atraer talento con mayor rapidez y fomentar una competencia más leal entre empleadores. La claridad en las remuneraciones también mejora la reputación corporativa y la confianza de los colaboradores.
De concretarse, México estaría dando un paso histórico hacia la justicia salarial y hacia el cumplimiento del derecho al salario digno, consagrado en la Constitución y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
¿Un nuevo indicador de integridad corporativa?
El reconocimiento del salario digno como un derecho humano requiere más que buenas intenciones. La transparencia salarial ofrece una vía tangible para alcanzarlo, al obligar a las empresas a justificar de manera objetiva las diferencias de pago. Esto implica revisar estructuras jerárquicas, políticas de evaluación y procesos de promoción que históricamente han favorecido a los hombres.
La medida plantea una oportunidad para reforzar la gobernanza interna y demostrar compromiso con la igualdad de género. La publicación del rango salarial también puede ser un indicador de integridad corporativa en los reportes ESG, al mostrar coherencia entre los valores declarados y las prácticas reales.
Sin embargo, el cambio no será inmediato. Las empresas deberán adaptarse gradualmente, estableciendo sistemas de compensación más transparentes y ajustados a criterios objetivos de desempeño. Este proceso requerirá capacitación, revisión de políticas y, sobre todo, voluntad para transformar la cultura organizacional.
Al final, la transparencia no solo beneficia a los trabajadores, sino que promueve un ecosistema laboral más competitivo, ético y sostenible. La igualdad salarial deja de ser una aspiración y se convierte en una práctica medible, verificable y justa.
Hacia una cultura laboral más justa y equitativa
La transparencia salarial es más que una medida administrativa: es una apuesta por la justicia. Al visibilizar las diferencias y eliminar los eufemismos, las empresas pueden contribuir a cerrar la brecha de género y garantizar que cada persona reciba un pago acorde con su labor.
Si el Senado aprueba la reforma, México se acercará a un modelo en el que la equidad no sea un discurso, sino un principio aplicable y verificable. Hablar de salario digno y de igualdad retributiva es hablar de derechos humanos, y la transparencia será el punto de partida para construir un mercado laboral donde el valor del trabajo no dependa del género, sino del talento y la capacidad.
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