Kiev, Ucrania.- Separar a los niños de sus familias, trasladarlos a otro país y cambiar su identidad mediante programas de educación y propaganda son prácticas que marcaron la Segunda Guerra Mundial y que, más de ocho décadas después, vuelven a ser denunciadas en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Una investigación publicada por Deutsche Welle recoge los testimonios de dos mujeres que vivieron estas situaciones en épocas diferentes: Barbara Paciorkiewicz, una polaca secuestrada por los nazis cuando tenía cuatro años, y Ksenia Koldin, una joven ucraniana que luchó por recuperar a su hermano menor después de que fuera trasladado a Rusia.
El reportaje señala que, en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, menores de edad han sido enviados a familias rusas o centros donde reciben contenidos educativos favorables al gobierno de Vladimir Putin. También documenta denuncias sobre entrenamiento militar dirigido a adolescentes ucranianos.
Uno de los casos es el de Sierhij Koldin, quien vivía con su hermana Ksenia en una familia de acogida de la región de Járkiv cuando comenzó la invasión rusa en 2022.
El menor fue enviado a un supuesto campamento de descanso del que debía regresar después de dos semanas. Sin embargo, terminó bajo el cuidado de una familia rusa en Abinsk, en la región de Krasnodar, aproximadamente a mil kilómetros de su hogar.
Mientras tanto, Ksenia se encontraba en Rusia, donde realizaba estudios de peluquería. Según relató, las autoridades le ofrecieron beneficios económicos y una vivienda si aceptaba la nacionalidad rusa, pero ella rechazó la propuesta y comenzó a buscar la manera de reunirse con su hermano.
Cuando consiguió localizarlo, descubrió que el niño había adoptado ideas promovidas por la propaganda rusa y que ya no quería regresar a Ucrania.
Después de nueve meses de separación, Ksenia logró convencerlo de volver. Una funcionaria rusa le otorgó permiso para hacerse cargo del menor, quien entonces tenía 11 años, y ambos consiguieron regresar a Ucrania con apoyo de la organización humanitaria Save Ukraine.
Actualmente, Sierhij vive con una familia de acogida ucraniana, mientras su hermana estudia periodismo en Kiev y participa en actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
La investigación también recupera la historia de Barbara Paciorkiewicz, nacida en Polonia en 1938, quien fue separada de su entorno familiar durante la ocupación alemana.
En 1942, cuando tenía cuatro años, fue sometida a evaluaciones físicas y de desarrollo intelectual en la ciudad de Lodz. Los nazis buscaban identificar a menores que, de acuerdo con sus criterios raciales, pudieran ser incorporados a familias alemanas.
Barbara fue enviada a un centro infantil donde los niños eran obligados a hablar alemán y recibían castigos cuando utilizaban su idioma de origen.
Posteriormente, la organización Lebensborn, vinculada a las SS, la entregó a una familia alemana en Lemgo. La niña recibió otro nombre y creció sin saber que había sido secuestrada.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades polacas comenzaron a repatriar a ciudadanos que habían sido trasladados por el régimen nazi, incluidos menores de edad.
Barbara regresó a Polonia sin comprender lo que ocurría. Había olvidado su idioma natal y desconocía prácticamente todo sobre el país donde había nacido.
Debido a que su madre había fallecido y no conocía a su padre, permaneció durante seis años en una institución infantil. Según su testimonio, los cambios de identidad y de entorno le provocaron dificultades emocionales que la acompañaron durante gran parte de su vida.
El reportaje establece diferencias entre ambos periodos históricos, especialmente porque el programa nazi estaba basado en criterios raciales, mientras que las denuncias actuales sobre Rusia se relacionan con traslados forzosos, cambios de nacionalidad, propaganda y procesos de asimilación cultural.
Olga Jerokhina, integrante de la organización ucraniana Voices of Children, explicó que todavía se desconoce el número exacto de menores trasladados a territorio ruso.
La organización sostiene que numerosos niños enviados a supuestos campamentos de descanso no regresaron con sus familias y denuncia presiones para que los padres acepten la ciudadanía rusa como condición para permanecer con sus hijos.
Estas prácticas también han sido objeto de investigaciones internacionales. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en la deportación y el traslado ilegal de menores ucranianos.
El tema volvió a discutirse el viernes 20 de noviembre de 2026, durante la primera sesión del Comité Consultivo Conjunto, integrado por representantes del Comité Europeo de las Regiones y autoridades regionales y locales de Ucrania.
En el encuentro, celebrado con motivo del Día Mundial del Niño, los participantes aprobaron una declaración en la que calificaron los secuestros sistemáticos de menores ucranianos como crímenes contra la humanidad y señalaron que podrían constituir genocidio conforme a la legislación internacional.
Los testimonios de Barbara y Ksenia fueron presentados en los días previos a esa reunión para mostrar las consecuencias que la separación familiar y los cambios forzados de identidad pueden tener en quienes los sufren.
La investigación de Deutsche Welle, publicada este sábado 21 de noviembre, reúne ambas historias para documentar cómo el traslado de menores ha sido utilizado en distintos conflictos y las dificultades que enfrentan las víctimas incluso después de conseguir regresar a sus países de origen.

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