Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron por mayoría de votos la solicitud al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que brinde información sobre las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al programa “La Escuela es Nuestra” a nivel nacional.
Este punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por el diputado Jaime Torres Amaya del Grupo Parlamentario del PAN, quien determinó que también, es necesario que se precise el número de beneficiarios en el Estado para este 2026 y el monto asignado para este programa y se mencionen las irregularidades en Chihuahua.
Dijo que a principios de la administración del presidente López Obrador, se puso en marcha el programa señalado y el cual beneficia a las escuelas de educación básica y media superior del país, con la entrega de recursos para el mantenimiento de los planteles escolares.
El programa funciona por medio de los comités de padres de familia, quienes reciben dicho apoyo y son asesorados por los “Servidores de la Nación”, sobre la manera de invertir los recursos; al depender del número de la matricula de las escuelas, cada plantel educativo puede recibir de entre los 200 mil hasta el millón 500 mil pesos.
“Se carece de un sistema de transparencia dado a que existen diversas irregularidades al querer obtener información del proyecto y se desconoce a cabalidad, el destino de los más de 84 mil millones de pesos que han sido invertidos dado a que en las escuelas no se ven reflejadas las mejoras”, concretó el legislador.
Además de esto, señaló que se han presentado 606 denuncias por mal manejo de los recursos en este programa de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública. Afirmó que se han presentado las mismas ante la Fiscalía General de la República, mismas que han sido ignoradas.
“Encontramos que en los años fiscales del 2020 al 2022, la entrega de apoyos ha sido duplicada a cinco beneficiarios del programa por un millón 150 mil pesos, además de la entrega de un millón y medio de pesos a tesoreros de 7 Comités Escolares de Administración Participativa que ya habían fallecido”, apuntó.
Por último dijo que es indispensable que el órgano responsable brinde la información necesaria y se pronuncie al respecto de las denuncias y acusaciones antes señaladas.
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