Chihuahua, Chih.- Por medio de su abogado Luis Villegas Montes Andrea Cecilia Domínguez Anguiano presentó este martes una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH, por presuntas violaciones graves a sus derechos y a los de sus hijos menores de edad.
Villegas Montes explicó que el escrito solicita una investigación integral, independiente y con perspectiva de género, además de medidas cautelares urgentes para proteger a Domínguez, sus hijos, familiares, abogados y posibles testigos.
“Lo que se está pidiendo es que los hechos sean investigados y que Andrea y sus hijos cuenten con protección efectiva”, señaló el abogado, quien destacó que "nada tenían que ver ni hacer el hermano de la gobernadora María Eugenia Campos y el hermano del secretario general de Gobierno Santiago de la Peña".
La denuncia contiene una relación de 145 hechos ocurridos durante más de cuatro años. De acuerdo con Villegas Montes, el origen se encuentra en la relación profesional y laboral que Domínguez inició en enero de 2022 con Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora María Eugenia Campos, y en su posterior participación en actividades relacionadas con la Feria de Santa Rita.
El abogado sostuvo que con el paso del tiempo se habría generado una situación de dependencia económica, subordinación profesional y exposición jurídica. Según la queja, incluso la vivienda donde residía Domínguez habría sido utilizada como un elemento de presión, mientras que sus ingresos laborales ordinarios dejaron de recibirse desde diciembre de 2025.
Otro de los puntos que se pide investigar es la asignación de escoltas. Villegas Montes indicó que inicialmente habrían sido proporcionados como medida de protección, pero Domínguez sostiene que posteriormente comenzaron a controlar sus desplazamientos y actividades. “La Comisión deberá determinar si una medida que debía protegerla terminó convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia y control”, expresó.
La queja también refiere amenazas y presiones relacionadas con la operación administrativa y financiera de la Feria de Santa Rita. De acuerdo con el abogado, uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en marzo de 2026, cuando Domínguez se habría negado a seguir una instrucción relacionada con el manejo de recursos provenientes de las taquillas.
Villegas Montes señaló que otro de los hechos relevantes ocurrió el 30 de junio de 2026, cuando agentes de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas realizaron un cateo en el domicilio de Domínguez. La queja sostiene que durante esa diligencia ella y su familia fueron incomunicados, sus hijos fueron separados de ella y se aseguraron teléfonos, computadoras, documentos, vehículos y otros bienes.
El abogado precisó que estos señalamientos deberán ser confrontados con el mandamiento judicial, los inventarios, las cadenas de custodia, los informes policiales y demás registros oficiales relacionados con el operativo.
La denuncia también solicita investigar posibles actos de violencia institucional, intimidación, afectaciones a la vida privada y familiar, restricciones a la libertad, represalias y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Villegas Montes explicó que además se pidió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua para realizar una evaluación de las necesidades jurídicas, psicológicas, sociales y de seguridad de Domínguez y sus hijos.
“Una investigación penal no puede convertirse en un pretexto para colocar a una persona fuera de la protección de la Constitución”, manifestó el abogado.
La queja también solicita preservar expedientes, bitácoras, comunicaciones, registros policiales y evidencia digital, además de evitar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o vigilancia fuera de los procedimientos legales.
Domínguez enfrenta actualmente procedimientos penales y, al mismo tiempo, denuncia hechos en los que asegura haber sido víctima. Será la CEDH la encargada de investigar los señalamientos dentro del ámbito de sus atribuciones y determinar si existieron violaciones a derechos humanos.
Villegas Montes agregó que, en caso de acreditarse irregularidades, se solicitará una reparación integral del daño, así como el reconocimiento de Domínguez y de las personas directamente afectadas como víctimas.
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