Ciudad de México.- El senador por Chihuahua del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles, advirtió que la reforma a la Ley Aduanera podría generar afectaciones para pequeños comerciantes y empresarios mediante mayores costos, retención de mercancías e incertidumbre jurídica.
Durante su intervención en el Senado de la República, Vázquez reconoció la necesidad de combatir la subvaluación de mercancías y el denominado huachicol fiscal, aunque sostuvo que algunas de las modificaciones podrían terminar afectando a empresas que cumplen con sus obligaciones.
El legislador explicó que uno de los cambios cuestionados elimina el umbral de 50 por ciento de diferencia en el valor declarado previsto para uno de los supuestos de embargo precautorio del artículo 151 de la Ley Aduanera. A su juicio, esto abre la posibilidad de que mercancías sean retenidas por diferencias de precio que pueden tener una explicación comercial legítima.
Vázquez también señaló que, en determinados casos, cuando la diferencia de valor llega al 20 por ciento se exigiría un depósito en efectivo para sustituir el embargo, situación que, afirmó, podría inmovilizar recursos necesarios para que pequeños negocios mantengan inventarios, operaciones y pago de nómina.
“Cuando un funcionario tiene el poder de embargar, también adquiere el poder de decidir a quién no embargar”, expresó al cuestionar las facultades que, según expuso, quedarían en manos de las autoridades aduaneras para definir mediante disposiciones administrativas mercancías, procedimientos y porcentajes relacionados con estas medidas.
El senador consideró que una mayor discrecionalidad podría generar riesgos de corrupción, extorsiones o favoritismos, por lo que pidió establecer controles y límites claros para las autoridades encargadas de aplicar la legislación.
Respecto al huachicol fiscal, Vázquez sostuvo que las investigaciones deben concentrarse en las redes responsables del contrabando de combustibles y sus posibles complicidades, además de distinguir entre errores administrativos y operaciones realizadas con fines fraudulentos.
También advirtió que los costos derivados de mercancías retenidas, depósitos y mayores gastos operativos podrían terminar trasladándose a los consumidores mediante aumentos en productos como refacciones, ropa, herramientas e insumos agrícolas.
“Combatir el contrabando exige autoridad, pero también legalidad, certeza jurídica y límites al poder”, señaló Vázquez, quien llamó a modificar la reforma para fortalecer el combate a las operaciones ilegales sin perjudicar, dijo, a las empresas que trabajan dentro de la legalidad.
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