Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone establecer un plazo máximo de 60 días hábiles para investigar denuncias de acoso sexual y hostigamiento sexual en los centros de trabajo, con la posibilidad de ampliar el periodo hasta 30 días más cuando exista una causa justificada.
La propuesta busca modificar la Ley Federal del Trabajo y establecer procedimientos más claros para prevenir, atender, investigar y sancionar este tipo de conductas. Por el momento se encuentra dentro del proceso legislativo, por lo que todavía no representa una obligación vigente para las empresas.
Uno de los principales cambios sería que los centros laborales con más de 10 trabajadores tengan un procedimiento formal y un Comité Interno para la Prevención, Atención e Investigación del Acoso Sexual y el Hostigamiento Sexual.
Estos procedimientos deberán desarrollarse con imparcialidad, confidencialidad y respeto al debido proceso. Las personas involucradas tendrían derecho a ser escuchadas, presentar pruebas y recibir una resolución fundamentada, además de contemplarse medidas para proteger a quien denuncia.
También se plantea prohibir represalias contra denunciantes y testigos, así como impedir que las empresas obstaculicen investigaciones internas o externas relacionadas con estos casos.
La intención de establecer un límite de tiempo es evitar que las investigaciones se prolonguen durante meses o incluso años. La especialista Regina de la Vega, asociada senior de Consultoría y Compliance Laboral de D&M Abogados, señaló que ha conocido procedimientos que llegaron a durar hasta un año y medio.
De acuerdo con la especialista, establecer un plazo obligaría a empleadores y responsables de las investigaciones a atender las denuncias con mayor rapidez y podría ayudar a disminuir situaciones de revictimización.
Sin embargo, reducir los tiempos no garantiza por sí mismo que una investigación sea efectiva. Para que el mecanismo funcione, las empresas tendrían que contar con personal capacitado, canales seguros para recibir denuncias, reglas para evitar conflictos de interés y mecanismos adecuados para conservar las pruebas.
La iniciativa también contempla medidas de protección cuando exista algún riesgo para la presunta víctima durante el desarrollo de la investigación, además de procedimientos confidenciales, accesibles, seguros e imparciales.
Otro aspecto relevante es la integración de los comités internos. La propuesta establece criterios de representación de género y plantea que ninguno de los géneros tenga una representación inferior al 40 por ciento.
El planteamiento se relaciona con las obligaciones asumidas por México a partir del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, enfocado en prevenir y combatir la violencia y el acoso en el mundo laboral.
Especialistas advierten que una investigación demasiado prolongada puede afectar la confianza de los trabajadores en los mecanismos internos de las empresas y generar la percepción de que denunciar no conduce a una solución.
Por ello, la propuesta no se limita a establecer 60 días como plazo máximo, sino que busca fortalecer todo el proceso, desde la prevención y recepción de denuncias hasta la investigación, protección de las personas involucradas y resolución del caso.
De aprobarse, las empresas tendrían que revisar sus protocolos y fortalecer las capacidades de quienes reciben e investigan las denuncias. El reto será combinar rapidez con imparcialidad, confidencialidad, protección de las víctimas y respeto al debido proceso para evitar que el límite de tiempo se convierta únicamente en un trámite administrativo.
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