La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un nuevo acuerdo que refuerza las restricciones para la actividad minera dentro de las áreas naturales protegidas de competencia federal, con el objetivo de fortalecer la conservación de estos ecosistemas y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Con la nueva disposición, las empresas o particulares que cuenten con concesiones mineras no podrán realizar trabajos de exploración, explotación o beneficio de minerales en estas zonas sin obtener previamente la autorización en materia de impacto ambiental. La medida también aplica a concesiones otorgadas antes del 9 de mayo de 2023, ya que la autorización ambiental es un trámite independiente del título minero.
El acuerdo establece además que el personal de la Semarnat no podrá autorizar proyectos mineros ni permitir la disposición final de residuos mineros o metalúrgicos en áreas naturales protegidas, humedales, cauces o zonas federales de aguas nacionales, debido al riesgo que representan para el medio ambiente y la salud.
Otro de los cambios obliga a que toda solicitud de evaluación de impacto ambiental relacionada con actividades mineras sea notificada de inmediato a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo que deberá emitir un dictamen técnico vinculante para determinar si el proyecto afecta o no a estos espacios protegidos. Además, la Conanp será la encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
La Semarnat recordó que, tras la reforma a la Ley Minera de 2023 y con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las concesiones ya no otorgan un derecho automático para explotar minerales. Ahora, los interesados deben cumplir primero con los permisos ambientales y las nuevas obligaciones establecidas en la legislación vigente.
Las autoridades también señalaron que los concesionarios deberán aplicar programas de restauración ambiental antes, durante y después de las actividades mineras, como parte de las medidas para reducir el impacto sobre los ecosistemas y preservar las más de 232 áreas naturales protegidas de jurisdicción federal en el país.
La Jornada
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