Chihuahua, Chih.– Ante la crisis que enfrentan productores de maíz y frijol en el país, la diputada federal del PAN, Carmen Rocío González Alonso, anunció que presentará un exhorto urgente para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural actualice las reglas de operación del Programa Comercio Justo durante el actual ejercicio fiscal.
La legisladora advirtió que ambos cultivos atraviesan una situación complicada debido a la caída de los precios de mercado, el aumento constante en los costos de producción y la falta de una política integral que garantice rentabilidad y certidumbre a los productores.
Explicó que esta problemática afecta a estados como Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Puebla y Chiapas. Señaló que en varias de estas entidades la situación se agrava por la sequía.
En el caso de Chihuahua, indicó que más de la mitad de los municipios registraron condiciones de sequía severa y que las presas se encuentran en niveles críticos, entre el 15 y el 20 por ciento de su capacidad. Esta situación ha reducido la superficie sembrada y elevado los costos de insumos como fertilizantes, diésel, energía eléctrica, semillas, agua de riego y maquinaria.
González Alonso detalló que el precio de garantía del maíz se ubica en 5 mil 840 pesos por tonelada para pequeños productores. Sin embargo, los costos reales de producción por hectárea oscilan entre 20 mil y 65 mil pesos. En Chihuahua, producir maíz puede costar entre 40 mil y 60 mil pesos por hectárea, mientras que el precio pagado al productor ronda los 6 mil pesos por tonelada.
Respecto al frijol, señaló que el panorama también es complejo. Indicó que el país importa alrededor de 233 mil toneladas al año, mientras que en estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua los productores reciben entre 9 y 12 pesos por kilo, frente a precios al consumidor que superan los 40 o 50 pesos.
La diputada sostuvo que esta diferencia, sumada al incremento en fertilizantes, transporte y salarios, ha provocado pérdidas económicas y endeudamiento entre los agricultores.
Advirtió que el campo no puede esperar más y señaló que, si no se corrigen las distorsiones entre precios y costos, se pone en riesgo no solo la economía rural, sino también la seguridad alimentaria del país.
Finalmente, afirmó que los esquemas actuales de precios de garantía operados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria Mexicana son limitados, ya que no incluyen de manera general a medianos y grandes productores y además presentan retrasos en pagos y restricciones operativas. Por ello, planteó fortalecer los precios de garantía, ampliar los mecanismos de compra directa y revisar las políticas de importación.
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