Chihuahua, Chih.— El diputado del Partido Acción Nacional Alfredo Chávez lanzó hoy una fuerte advertencia sobre la iniciativa para expedir una Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, ya que afirmó que la propuesta terminaría por "criminalizar a los pequeños productores chihuahuenses", al penalizar el uso tradicional del agua, como tener una noria o trasladarla en pipas.
Sin embargo, estos temas son mencionados en el proyecto de ley siempre y cuando se haga de manera ilegal como en el caso de las norias, y sin los permisos correspondientes en el caso del transporte de agua en pipas no registradas.
El legislador argumentó que la nueva ley “quita derechos, impone sanciones” y representa un grave riesgo para los agricultores que han cuidado históricamente los recursos hídricos en el desierto de Chihuahua, con una iniciativa federal que "fue creada en un escritorio en la Ciudad de México y refleja un desconocimiento profundo de las condiciones locales, en las que los distritos de riego llevan décadas siendo explotados por productores que le sacan jugo al desierto”.
Bajo su perspectiva, la nueva legislación colocaría a quienes dependen de pozos (norias) o pipas para abastecer sus comunidades o sus sembradíos en la categoría de “delincuentes hídricos”, al convertir acciones cotidianas en posibles delitos, por lo que se declaró comprometido a salir junto con los productores para exigir que la iniciativa no avance en los términos propuestos.
Al mismo tiempo, otro panista de peso, el senador Mario Vázquez, ha señalado que es la Comisión Nacional del Agua la responsable de prevenir y sancionar el “acaparamiento del agua”, una acusación directa a la autoridad federal por su falta de acciones frente a quienes desvían o explotan ilegalmente el recurso hídrico desde entidades como Chihuahua. Vázquez ha enfatizado que quienes roban agua deben ser sancionados, sin excepciones, y que la institución reguladora debe actuar con firmeza, a través de la prohibición de norias y pipas sin permiso legal, por ejemplo.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum presenta, sin embargo, una imagen menos alarmante que la planteada por Chávez, ya que busca declarar al agua como un “bien público estratégico” y reforzar el papel rector del Estado en su administración, e incluye un capítulo específico de delitos hídricos, con penas de uno a diez años para quienes extraigan, trasladen o comercien agua de forma ilegal.
Entre las medidas contempladas figura la creación de un Registro Nacional del Agua para monitorear quién usa qué volumen y con qué fines, así como una reformulación del régimen de concesiones para evitar su transferencia como mercancía.
Si bien la iniciativa busca imponer sanciones para usos abusivos, no prohíbe explícitamente el uso tradicional, y reconoce la importancia de los sistemas comunitarios y agrícolas, según el texto presentado por el Gobierno.
En contraste con la acusación de “criminalización generalizada”, el análisis legal muestra que la propuesta más bien pretende regular y transparentar el uso hídrico, preservando el acceso prioritario para el consumo humano y comunitario.
Aunque algunos productores podrían verse afectados si no cuentan con títulos oficiales, la reforma no implicaría la eliminación automática de concesiones ya existentes, sino una revisión más estricta para el futuro.
En el debate que ya ha comenzado en el Congreso, los legisladores han pedido abrir un diálogo con las autoridades federales y representar a los agricultores que temen perder su forma de vida; y a la vez, varios observadores coinciden en que la iniciativa refleja una necesidad urgente de actuar frente a los desequilibrios hídricos y la especulación del agua, especialmente en estados áridos como Chihuahua.
Para Chávez, el agua no solo es un recurso vital, sino también una batalla por la defensa de un modo de vida y por evitar lo que él define como un “asalto institucional” sobre el campo chihuahuense.
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