Chihuahua, Chih. — Durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada este lunes, la diputada de Morena, Rosana Díaz Reyes, cuestionó al titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, sobre el papel que desempeña su dependencia en la supervisión y cuidado de asilos y casas de atención para personas adultas mayores en el estado.
El planteamiento surge a raíz de un caso que conmocionó a la sociedad chihuahuense hace poco más de un mes: el fallecimiento de un adulto mayor en el Asilo Asociación Guadalupana, presuntamente a manos de un trabajador del propio centro. Según expresó la legisladora, este hecho no debe verse como un incidente aislado, sino como una señal de las graves deficiencias en la protección de este sector de la población.
Díaz Reyes criticó las declaraciones del secretario Loera, quien habría señalado que la atención a este tipo de casos “no le compete” a su Secretaría, atribuyendo la responsabilidad únicamente a la Procuraduría de Protección de las Personas Mayores.
Ante ello, la diputada recordó que la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, específicamente en su artículo 91, establece que la Dirección de Grupos Vulnerables —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano— debe coadyuvar con la Procuraduría en la ejecución de medidas de protección a favor de las personas mayores. Esto incluye prestar facilidades administrativas y de gestión para garantizar la restitución de sus derechos y el disfrute integral de los mismos.
"Resulta inaceptable que el secretario se deslinde por completo de un caso en el que, por ley, su dependencia tiene atribuciones para intervenir", señaló Díaz Reyes, quien agregó que esta actitud institucional no solo incumple con el marco legal, sino que contribuye a profundizar el estado de abandono que ya enfrentan muchas personas adultas mayores en la entidad.
La legisladora hizo un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad de manera integral y a fortalecer los mecanismos de supervisión en centros de atención para garantizar una vida digna a quienes han contribuido con su trabajo y esfuerzo al desarrollo del estado.
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