Chihuahua, Chih.- En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) advirtió hoy sobre la persistencia de la crisis de desapariciones en México y la violencia que enfrentan las personas buscadoras, particularmente las mujeres que han asumido la búsqueda de sus familiares.
El organismo señaló que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México ha superado las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que continúa actualizándose y que representa a miles de familias que viven entre la incertidumbre y la falta de respuestas.
En Chihuahua, el registro reporta más de 4 mil 300 personas desaparecidas, mientras que Sinaloa supera las 7 mil 400. Municipios como Juárez, Chihuahua, Culiacán y Mazatlán concentran una parte importante de los casos.
El CEDEHM destacó que esta situación se agrava ante las agresiones contra quienes realizan labores de búsqueda. Como ejemplo, mencionó el ataque ocurrido el 29 de agosto en Sinaloa contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada a balazos junto con una de sus hijas.
El organismo condenó la agresión y exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género y que considere como una de las principales líneas de investigación la posible relación del ataque con la labor de búsqueda realizada por Rojo Medina.
“Las buscadoras no son el problema. Son víctimas que, ante la ausencia de sus familiares y las insuficiencias del Estado, han tenido que organizarse para buscar, documentar, exigir verdad y reclamar justicia”, señaló el CEDEHM.
En Chihuahua, el organismo recordó que el pasado 7 de agosto familias de personas desaparecidas solicitaron formalmente una audiencia pública con la gobernadora del estado para presentar propuestas de política pública y presupuesto, además de exigir información sobre las labores de búsqueda e identificación forense.
Sin embargo, de acuerdo con el CEDEHM, la audiencia no fue atendida directamente por la titular del Poder Ejecutivo y, en su lugar, se convocó a las familias a un encuentro con otras autoridades bajo un formato definido previamente.
El Centro consideró que escuchar directamente a las familias “no es un acto de voluntad política ni una concesión”, sino una obligación del Estado para construir políticas efectivas de búsqueda, verdad, justicia y reparación.
El organismo exigió garantías de seguridad para Alma Rosa Rojo, su hija, su familia y las integrantes de Voces Unidas por la Vida, además de investigaciones que permitan identificar a los responsables del ataque y determinar si estuvo relacionado con su labor como buscadora.
También pidió medidas de protección para las personas buscadoras en todo el país y que las autoridades de Chihuahua garanticen la participación efectiva de las familias en las políticas públicas relacionadas con desapariciones.
El CEDEHM señaló que se requiere una política de búsqueda con presupuesto suficiente, capacidades forenses, investigaciones efectivas y participación sustantiva de las familias.
“Buscar a una persona desaparecida no puede significar poner en riesgo la propia vida”, advirtió el organismo, al señalar que las familias no deberían verse obligadas a asumir funciones de investigación, peritaje y rastreo que corresponden a las autoridades.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres expresó su solidaridad con las familias buscadoras de Sinaloa y de todo México, y llamó al Estado a asumir su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, proteger a quienes las buscan, escuchar a las familias y garantizar justicia.
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